Es la sustentación de la apelación de la sentencia de primer grado ante la SALA CIVIL, DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO DE CALI, proferida por el señor juez 1 civil del circuito de Cali, dentro del proceso 76001-3103-001-2018-00277-00 ABOGADO FRANCISCO VELASCO vs COMUNIDAD FRANCISCANA Y UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA.
HONORABLE SALA DE CASACIÓN LABORAL DE
En el LIBELO DE
“1.9. Se podría decir señor juez que los hechos anteriores tratan de manera directa lo relacionado con el contrato de trabajo, celebrado entre el DEMANDANTE y
Para poder lograr el fin anterior, esto es, poner en claro su supuesto contenido, podemos descomponer o dividir en acápites la citada carta de despido, siguiendo el orden en que
Ante todo debemos precisar, así ello, sea evidente y notorio, que de no existir la carta de despido, este juicio y su demanda carecerían de sentido. Es la carta de despido con su contenido la que motiva y pone en operación este proceso, si ella no existiera, no abría motivo alguno para solicitar la intervención del señor juez; es ella y no otra cosa, la que ha trastornado el orden y roto el equilibrio de la relación contractual; es ella la causa eficiente y razón única, por la cual se acude al poder judicial para que con su concurso y sabiduría se administre y se haga justicia en este caso. Siendo como queda dicho, que la carta de despido es el eje central de esta disputa, pues la razón de ser de ésta descansa en la forma y contenido material de la susodicha carta y no en otra cosa. Es de rigor y se hace necesario, que nos concentremos solo y únicamente en las afirmaciones, alegaciones y demás puntos de vista que sostiene en ella,
Recordemos que el Padre Peña Quijano, solo duró en ese cargo de Rector de
Con relación al contenido de la carta de despido, el DEMANDANTE niega todos y cada uno de los cargos y de las afirmaciones allí contempladas y pide respetuosamente al señor juez que ordene a
No sobra precisar señor juez, que está en juego dentro de éste proceso la dignidad humana del DEMANDANTE, su honra, su imagen, su buen nombre, su derecho al trabajo, su derecho a sostener dignamente una familia, el derecho que tiene a tener una defensa digna, y por ultimo su estado de indefensión ante una institución milenaria, con mas de VIII siglos de historia, casi divina e intocable, que no fue solidaria con su caso y que por lo contrario lo trato infamemente. (Negrilla fuera de texto)
En todos los contratos de trabajo la solidaridad es un elemento de vital importancia dentro del gobierno y desarrollo de la relación contractual y el estado de indefensión manifiesta del trabajador frente a su patrono, es un punto que pesa y que se debe tener muy en cuenta al momento de decidir. Estos derechos o garantías constitucionales hacen parte de manera esencial de la relación laboral y buscan proteger los derechos del trabajador y su familia, máxime cuando en
Nota: El sindicato fue constituido ―años más tarde— hecho notorio para la honorable sala de casación laboral, como única solución para poder parar los despidos colectivos inconstitucionales, ilegales e injustos de los invasores. Recordemos que
En el LIBELO DE
“PRIMERO: Que entre el Señor Francisco Javier Velasco Vélez, identificado con la cedula de ciudadanía # 14.976.167 de Cali, y
SEGUNDO: Que el mencionado contrato continua vigente en consideración a los siguientes argumentos:
a) Al contar
b) Por no haber aplicado el artículo 52, numerales 10 y 11 del reglamento interno de trabajo, aprobado mediante resolución # 144 de fecha 15 de abril de 1998, del Ministerio de Trabajado y Seguridad Social, violó flagrantemente el Derecho al DEBIDO PROCESO -artículo 29 de
c) Y en consideración a que el contenido de la carta de renuncia del Rector (febrero 10 de 2005), dejó sin efecto la carta de despido del DEMANDANTE (enero 11 de 2005).
La carta de renuncia a
TERCERO: Que el DEMANDANTE niega todos y cada uno de los supuestos cargos que se le imputan en la carta de despido de fecha 11 de enero de 2005. (erróneamente fechada enero 11 de 2004)
CUARTO: Respetuosamente se solicitará dentro del acápite de los Medios de Prueba, que se ordene a
QUINTO: Finalmente lo más injusto y grave de este caso, es que no solo los hechos alegados por
Hoy sabemos que la inconstitucional, ilegal e injusta CARTA DE DESPIDO, fue elaborada —por un tercero― la abogada MARTHA LUCIA DAZA RENGIFO, apoderada del MINISTRO PROVINCIAL —también un tercero― de
En su famosa y muy expresa misiva de renuncia a todos esos cargos y dignidades el R. P. fray HERNÁN ELÍAS PEÑA QUIJANO manifestó —que no supo ni sabe la causa o el motivo de retiro del CENSOR― ello no sólo, lo afirmó en dicho documento sino que lo ratificó bajo la gravedad del juramento ante el señor juez del conocimiento Dr. JUAN CARLOS CHAVARRIAGA AGUIRRE cuatro y medio (4 y ½) años más tarde —carta que obra a folios 81, 81 reverso, 82, 82 reverso, 83, 83 reverso, 84, 84 reverso, 85, 85 reverso y 86 del cuaderno # 6 del expediente, o cuaderno # 3 de
El testimonio de RATIFICACIÓN de
Consecuentemente refiriéndome a esto, expresamente manifesté en el LIBELO DE
Si a esas dos (2) PRUEBAS FUNDAMENTALES, esto es, A
que la considera NULA DE PLENO DERECHO, porque es el fruto de haber violado previamente al censor su debido proceso, norma
de orden público de naturaleza constitucional, y por lo tanto de obligatorio cumplimiento no sólo por parte de los particulares sino también por parte de las autoridades públicas y dentro de estas queda obviamente incluido —el honorable tribunal ad quem― que sin embargo en este caso concreto —no hizo― pues ya hemos visto con suficiente ilustración que omitió dicho cumplimiento, y termino fue imponiendo su propia voluntad que puso por fuera y por encima de la voluntad del ordenamiento constitucional, convirtiendo ese HECHO a su sentencia en ilegal, razón por la cual ella, debe ser casada y corregida por
Expresamente cite y trascribí debidamente a folio 9 párrafo segundo del LIBELO DE DEMANDA, el artículo 29 superior, invito a los honorables magistrados de la sala de casación laboral a confirmar dicha aseveración.
Así las cosas, no queda la menor duda de que la CARTA DE DESPIDO no existe para el derecho, pues no sólo es nula de pleno derecho por expresa voluntad del pueblo de Colombia, consagrada en dicha norma fundamental, sino que su propio suscriptor un mes más tarde de haberla firmado bajo la vis compulsiva —por obediencia religiosa― manifestó que no supo, ni sabe las razones, motivos o causas que llevaron al intento de despido del CENSOR.
No es lógico, ni jurídico, que algo que no existe para el derecho, pueda poner fin a un CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO protegido por la ley, es decir, no se entiende como el honorable tribunal ad quem, pudo conociendo todos estos hechos, concluir, que la espuria CARTA DE DESPIDO había legalmente terminado la relación jurídica laboral.
Claramente se ve que el honorable tribunal ad quem, en este punto se equívoco de cabo a rabo, es decir, cometió un craso error in iudicando, que de conformidad con el gran tratadista PIERO CALAMANDREI, es “….aquel defecto que ha conducido la mente del juez a sacar de su silogismo una conclusión contraria a la justicia…”
Esa fue la razón por la cual en el LIBELO DE LA DEMANDA a folio 28, párrafo segundo de la misma, dije:
“Para concluir, no sobra indicar que el citado Ex Rector, Reverendo Padre Hernán Elías Peña Quijano, ofm, autor material de la carta de despido, pues el la firmó, posteriormente, renunció a su cargo el 10 de febrero de 2005 y en su carta de renuncia, reconoció que fue “bochornosa” la manera como se hizo el despido del DEMANDANTE, y que continuaba desconociendo las razones por las cuales el DEMANDANTE, había sido despedido, declaración que entra en franca contradicción con la carta de despido que él mismo había firmado un mes atrás y que es la razón del presente proceso; precisemos Señor Juez, -si la carta de despido no existiera-, no habría motivo para continuar con esta causa.”
De manera pues, que frente a semejantes HECHOS TAN GRAVES, es INEXPLICABLE que el honorable tribunal ad quem, haya encontrado al apreciar dicha CARTA DE DESPIDO a la luz de la SANA CRÍTICA y la PERSUASIÓN RACIONAL, que ella no era inconstitucional, ilegal e injusta, sino que por el contrario, ella era válida, legal y eficaz, para fundar en ella su decisión, es decir, para estimar que la relación jurídica laboral, había sido correctamente concluida y que en consecuencia, al no existir una justa causa para despedir, lo que legalmente procedía era la indemnización del CENSOR y no su reintegro a su puesto de trabajo.
Olvido el honorable tribunal ad quem, que de conformidad con la CONSTITUCIÓN POLÍTICA que nos rige desde el 10 de octubre de 1991, uno de los fines del estado social de derecho llamado REPÚBLICA DE COLOMBIA, es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en dicha NORMA DE NORMAS.
Es decir, que no sólo debe velar por la congruencia legal, sino constitucional, que no sólo debe castigar la violación del debido proceso de manera formal, sino material, esto es, no sólo manifestando que este se violó, sino tomando acciones respecto a ello, es decir, restituyendo al CENSOR el derecho rapado por el infractor, eso se consigue, aplicando la constitución por encima de la ley, cuando ello es necesario, por que la ley de leyes prima sobre cualquier mandato legal.
Respetando primero de manera oficiosa los derechos fundamentales por encima de los legales, es decir, desplegando el mismo celo que tuvo al defender los DERECHOS SUBJETIVOS del CENSOR, con sus DERECHOS FUNDAMENTALES, y que de ser incompatible la defensa de los unos y de los otros al mismo tiempo, obviamente se debe decidir por defender primero, LOS ESENCIALES DEL HOMBRE, ya que, sobre el respeto de su dignidad humana, es que esta fundado el estado social de derecho, o sea COLOMBIA.
Sin otro particular,
FRANCISCO JAVIER VELASCO VÉLEZ
francisco javier velasco velez
CC # 14.976.167 de Cali
TP # 15.433 del C.S.J.
